El Frente Transportistas Unidos de Tijuana que representa a 30 mil familias, exige al presidente Felipe Calderón y al Director General de Banobras, Alonso García Tamés, entre otros, la suspensión de un fondeo de 4 mil millones de pesos para la reorganización del transporte público de pasajeros, porque en un acto simulado, el alcalde de aquella ciudad pretende introducir un monopolio que los despojará de su fuente de trabajo.
En conferencia de prensa en esta ciudad, el vocero del grupo, Miguel Ángel Jiménez, dio a conocer una serie de irregularidades cometidas por el alcalde Jorge Ramos Hernández, quien a partir de varias acciones ilegales, un claro tráfico de influencias y conflicto de interés, les quiere crear un Caballo de Troya en el transporte.
Relataron que de forma ilegal actúa contra los bandos del propio cabildo tijuanense al abrir una moratoria para licitar concesiones de transporte, que está legalmente cerrada mientras no se realice en consenso con los prestadores del servicio.
Además, acusaron de que el título de concesión a 30 años entregado a la empresa Auto Transportes de Tijuana, tiene reglas dirigidas a despojarlos de su trabajo de más de 40 años. “De un solo golpe le quieren dar a esta empresa lo que a nosotros nos ha costado muchos años construir para movilizar a la ciudad de Tijuana”, expresó Jiménez.
Acompañados del dirigente de la Alianza Nacional de Transporte Multimodal, Carlos Demuner Pitol y del de la Confederación de Transportistas Urbanos y Suburbanos de la República Mexicana, Mario Hernández, destacaron que una de las empresas licitadas el pasado 2 de diciembre tiene como representante legal al Subdirector de Planeación y Vialidad de la Dirección Municipal del Transporte Público, Juan Roger Barajas.
“Una parte grave de esta concesión a 30 años, es que los términos son leoninos y tienen toda la intención de desplazarnos, porque entregó una concesión a Valle de las Palmas, un desarrollo habitacional para construirse a diez años, que actualmente sólo tiene una universidad que es atendida por cuatro autobuses y todo son terrenos baldíos y sin servicios públicos”, expresó Jiménez.
El engaño está en que el concesionario podría abrir ramales y extender sus brazos a toda Tijuana “de acuerdo con la necesidad de transporte” que nadie regula y sería decretada “a solicitud de los ciudadanos”. Pero, además, con la característica de que nadie podrá prestar un servicio de transporte de pasajeros 250 metros a la redonda de donde esté la citada empresa, incluidos los taxis de ruta fija o colectivos.
El pasado 30 de junio se anunció que Banobras, banco estatal del que Ramos Hernández es consejero B, autorizó un proyecto a fondo perdido por 4 mil millones de pesos para presuntamente regularizar el transporte, en consenso con los transportistas de la localidad.
Sin embargo, en un acto simulado, Ramos Hernández sólo tiene contemplada a la empresa Auto Transportes de Tijuana, mientras que a otra llamada Transporte Urbano y Suburbano 24 de Febrero, al parecer ya le pagó la simulación de un consenso que no existe con 81 nuevas concesiones.
Miguel Ángel Jiménez acusó que el alcalde Jorge Ramos “pretende crear un monopolio con dinero de todos los mexicanos porque el fondo perdido por 4 mil millones de pesos son impuestos de todos los mexicanos, para beneficio económico de una sola familia, la Etchegoyen que fueron fundadores de las empresas camioneras Tres Estrellas de Oro, Norte de Sonora y Autotransportes de Baja California.
Por su parte, Carlos Demuner Pitol, dirigente de la Alianza Nacional de Transporte Multimodal (ANTM), hizo un llamado a Banobras y al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para que al otorgar los recursos asignados a cada estado o municipio, haya la intervención directa y la opinión de los concesionarios estatales y municipales, para el cuidado de la ecología.
Asimismo, advirtió: “A los grandes consorcios les pedimos respeten nuestro patrimonio, respeten los 6 millones de empleos que generamos y respeten las concesiones que tenemos. Queremos decirles que son nuestros compañeros y nuestros amigos, pero también queremos decirles que donde lastimen a un concesionario en el país, vamos a estar todos los concesionarios del país para defenderlo y no dejar que los desplacen”.
Por su parte, Mario Hernández de la Conturmex, dijo que “hay muchos proyectos en la República que están llevando a cabo autoridades locales, entregando concesiones a empresas federales de transporte de pasajeros, desplazadas por las competitivas tarifas de avión que quieren despojarnos a nosotros; si hay corrupción o no, no queremos saber, pero sí que los compañeros del transporte estén enterados”.
Dijo que a lo largo de la república se han casado con la idea del transporte de Colombia y “hay lugares donde no entra un camión articulado como ocurre en Puerto Vallarta que tiene sólo dos calles, quieren meter un corredor”. Agregó que los gobernantes no entienden que los componentes de la modernización del transporte son operación y administración y la modernización viene sola.
Los transportistas dijeron que esperan una respuesta favorable del presidente Calderón y del Director General de Banobras, Alonso García Tamés, les respondan porque de lo contrario no les dejarían otra salida que manifestarse en la ciudad de México con apoyo de la ANTM y Conturmex, como ya lo han realizado en Tijuana.
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