El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunció sobre 30 proyectos de resolución relacionados con quejas y procedimientos especiales sancionadores por presuntas violaciones a la ley en materia de origen y aplicación de recursos derivados del financiamiento a los partidos políticos nacionales. Del total de expedientes resueltos 20 fueron declarados como infundados, 6 parcialmente fundados y 4 fundados.
En sesión ordinaria, el máximo órgano directivo del IFE declaró en lo general, por cuatro votos a favor y dos en contra, de los consejeros Francisco Javier Guerrero y Marco Antonio Baños como fundados, dos procedimientos especiales sancionadores en los que se confirma que los partidos Nueva Alianza (en uno de los casos) y Verde Ecologista de México (PVEM) consintieron la aportación en especie de terceros, consistente en espacios de televisión para la difusión de propaganda electoral a favor de los partidos señalados que alteraron la equidad de la contienda en la elección de diputados federales de 2009.
Sin embargo, las conductas infractoras de la norma electoral no fueron objeto de sanción debido a que en dos ocasiones se registró un empate a tres votos los consejeros Francisco Javier Guerrero y Marco Antonio Baños, así como la consejera Macarita Elizondo votaron en contra al momento de valorar la propuesta de multas que presentó al pleno la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, por lo que los expedientes deberán ser presentados nuevamente en una sesión posterior cuando el Consejo General esté integrado completamente.
Lo anterior, en estricto apego a lo que establece el artículo 366, párrafo sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que dice en caso de empate motivado por la ausencia de alguno de los consejeros electorales, se procederá a una segunda votación; en caso de persistir el empate, el consejero presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que se encuentren presentes todos los consejeros electorales, y en concordancia con el artículo 59, párrafo primero del Reglamento de Quejas y Denuncias.
Desde el 31 de octubre de 2010, el Consejo General está integrado sólo por seis de los nueve consejeros electorales ciudadanos que prevé la Constitución, por lo que durante la discusión de los proyectos presentados hoy se configuró, por primera vez, el escenario de un empate en las votaciones.
Durante la discusión los consejeros electorales Francisco Javier Guerrero Aguirre y Marco Antonio Baños Martínez, quienes votaron en contra de declarar fundados los procedimientos en lo general, coincidieron en que las propuestas de resolución se sustentaron en vacíos de procedimiento e inconsistencias por lo que se manifestaron por su devolución con el propósito de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que genere certeza jurídica sobre los asuntos. Asimismo, la Consejera Macarita Elizondo manifestó su desacuerdo con la manera en que se construyeron las sanciones económicas propuestas.
Guerrero Aguirre consideró que en los proyectos faltó fundamentación para determinar si existió donación en especie hacia los Partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza; señaló también la ausencia de elementos objetivos, coherentes y creíbles para la cuantificación del beneficio económico obtenido, y cuestionó el cálculo de costos de promocionales, que dijo, se llevó a cabo con base en supuestos y criterios que generen inconsistencias en las cifras, entre otros.
A propuesta del consejero Guerrero se sometió a votación rechazar los proyectos, lo que fue negado por cuatro votos a dos.
Al respecto, el consejero presidente, Leonardo Valdés, apuntó que tras la aprobación de estas resoluciones, la Unidad de Fiscalización sólo tiene pendientes por desahogar 33 procedimientos oficiosos. Destacó que de la totalidad de las resoluciones en la materia que fueron impugnadas de 2008 a la fecha ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 97 por ciento fueron confirmadas, ocho revocadas y únicamente dos se modificaron.
Lo anterior muestra, dijo, que existe un esfuerzo significativo por parte de la Unidad de Fiscalización en donde se ha abatido el rezago que se tenía desde el año 2004 en la construcción de los proyectos de resolución derivados de las quejas y de los procedimientos oficiosos interpuestos en contra de diversos partidos políticos.
Es claro que esta autoridad electoral es cada vez más eficiente y acuciosa en el cumplimiento del mandato legal que nos ha conferido el Poder Legislativo, puntualizó Leonardo Valdés quien aseguró a un poco menos de seis meses de que inicie el Proceso Electoral Federal 2011-2012, nuestro órgano fiscalizador está preparado para enfrentar los retos que tiene por delante.
En la sesión, el Consejo General recibió los informes de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de acuerdos y resoluciones del máximo órgano directivo del Instituto de 2008 a la fecha, así como el reporte de la Unidad de Fiscalización sobre las quejas por presuntas violaciones a la norma electoral en materia de ingresos y gastos.
El colegiado conoció también el Informe en materia de Quejas y Denuncias, el cual se indica que en lo que va del año se han recibido 15 quejas tramitadas como procedimientos ordinarios sancionadores de los cuales seis han sido presentadas por partidos políticos, cuatro han sido iniciadas de oficio, cuatro interpuestas por ciudadanos y una por un Congreso Estatal. La presunta violación al principio de imparcialidad sigue prevaleciendo como la causa más frecuente de estos procedimientos, con casi el 70 por ciento de los trámites.
También se ha dado curso a 27 quejas tramitadas como procedimientos especiales sancionadores, cinco de ellas se han iniciado de oficio, 16 fueron presentadas por partidos políticos, dos por Institutos Electorales Locales y cuatro más interpuestos por ciudadanos. De este universo 11 han sido motivadas por la presunta promoción personalizada de servidores públicos, siete por la presunta adquisición y/o contratación indebida de spots en radio y televisión, tres por difusión de propaganda gubernamental en periodo de campañas electorales, tres por denigración de calumnia y tres por el incumplimiento de pautas ordenadas por el Instituto.
En otro momento, el Consejo General autorizó al Secretario Ejecutivo del IFE para que otorgue poder especial para actos de dominio al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo con el fin de que lleve a cabo los actos necesarios para formalizar la permuta y escrituración del predio identificado como Tepango cedido a favor del Instituto para el cumplimiento de sus fines.
El Consejo General tomó la protesta a Jesús Sesma Suárez, quien fue acreditado como representante suplente del PVEM ante el órgano directivo.
