Ahora que se cumplen 2 años 11 meses de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparición en la que el Estado Mexicano, como en la negra época de la guerra sucia, sigue siendo responsable; no nos sorprende encontrarnos con sentencias aberrantes que van desde los 25 hasta los 66 años para los indígenas zapotecos de la Región Loxicha,
a quienes, antes de que se inicie la averiguación previa ya se les ha sentenciado y para los que la justicia, simple y sencillamente ha muerto.
Hace casi 14 años, cuando Diódoro Carrasco Altamirano inició el etnocidio contra los indígenas zapotecos, la inexperiencia de los operadores judiciales y político-paramilitares permitía a la sociedad, al pueblo de México, tener una mínima noción del infierno que se vivía en Loxicha, ahora ni los muertos, ni las detenciones, ni las sentencias a cadena perpetua alcanzan los espacios periodísticos.
Los jueces de consigna los encontramos tanto en el fuero común como en el federal, donde el estado fascista ejerce el control que dicta que hay que castigar con saña a quienes han cometido el imperdonable pecado de organizarse para alcanzar mejores condiciones de vida.
En Oaxaca, gran parte de los espacios políticos, los ocupa el nuevo o viejo diodorismo, por eso no es raro encontrarnos que en muchos casos, la crítica y reflexión no tocan ni siquiera con el pétalo de una mención la represión en los Loxicha y la existencia de 9 presos del fuero federal, entre ellos el Presidente y Sindico Municipales del cabildo San Agustín Loxicha, detenidos el 25 de septiembre de 1996 y otro tantos de presos del fuero común procesados o sentenciados en expedientes prefabricados a gusto y complacencia de los intereses diodoristas.
Los tiempos políticos siguen en marcha y distintas fuerzas políticas se disputan en la Región Loxicha el control de los recursos públicos, entre ellos; por un lado los afines a Jorge Franco Vargas y por el otro a Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva que buscan seguir capitalizando el dolor y la sangre de los indígenas zapotecos a favor de sus intereses personales mientras las comunidades se debaten en la miseria y marginación y a merced de la injusticia y los paramilitares prohijados por ellos.
Como siempre, contra viento y marea, no nos queda más que seguir confiando en los hombres y mujeres progresistas de nuestra patria; en las organizaciones, en los sindicatos que como la Sección 22 del SNTE, tienen la capacidad política y organizativa para entre todos lograr de una vez por todas, la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, castigo a los responsables de la represión, reparación de daño a las víctimas, en una palabra: ¡JUSTICIA!
¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
¡Presos loxicha, libertad!
Juan Sosa Maldonado
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 25 de abril de 2010
