Los funcionarios involucrados en el proceso de la Licitación 21, que favoreció a Televisa y Nextel, han incurrido en responsabilidad administrativa por las irregularidades del proceso, por lo que impulsaremos una demanda de Juicio Político en su contra, anunció el diputado panista Javier Corral.
En el marco de una reunión informativa sobre la Licitación 21, organizada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) de la que es integrante, el legislador federal planteó también que “si Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratificara la asignación en los próximos días, deberá ser incluido en la demanda de Juicio Político”.
Puntualizó que “tanto Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, como Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, y Gonzalo Martínez Pous, comisionado de este órgano, han incurrido en graves irregularidades en este proceso y servido al interés de Televisa, particularmente éstos dos últimos”.
Es hora de que presentemos una demanda de Juicio Político en contra de Mony de Swan y de Gonzalo Martínez Pous, por dos hechos fundamentales, “por el daño patrimonial que ocasionan las omisiones conscientes de estos funcionarios, no solamente al no notificar las bases de la licitación, sino porque caen en el supuesto del 134, al no haber asegurado las mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, financiamiento y de calidad”, insistió.
“Han desacatado fallos judiciales, absolutamente conscientes, de que pretendían eludir los fallos de dos jueces y eso constituye responsabilidad penal y también debiera constituir responsabilidad política”, agregó.
Asimismo, convocó a todos los presentes en el evento a presentar denuncias en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de Función Pública.
También los llamó a organizar una jornada nacional de información y denuncia sobre la Licitación 21 como un atraco a la Nación, “debemos interponer demandas contra los funcionarios públicos que han tomado estas decisiones para que estos asuntos no queden impunes, que recaiga en ellos responsabilidades y sanciones específicas previstas por la ley”.
Reiteró su acusación en el sentido de que la licitación 21 es un proceso diseñado, planeado, concebido, desarrollado y ejecutado, con el propósito fundamental de beneficiar a la empresa Televisa como nuevo jugador en el mercado de las telecomunicaciones.
Dijo que “no está mal la idea de generar la posibilidad de mayores competidores a Telefónica y Telcel, y sobre todo a la condición dominante de Teléfonos de México en el mercado de las Telecomunicaciones, pero la competencia la debemos ejercer con reglas que respeten la legalidad, la Constitución y sobre todo, que realmente favorezcan la competencia”.
Subrayó que “si en realidad en México funciona el Poder Judicial, esa licitación se va a caer, al menos que estemos entrando en un franco atropello a las decisiones judiciales, y eso sería de enorme costo a la política del gobierno federal, en combate a la corrupción, a la inseguridad y a la delincuencia; porque nadie puede postular, ni convocar a la unidad nacional en torno del combate a la delincuencia, cuando el propio gobierno comete actos ilícitos y hay un ilícito en la sesión del lunes pasado en Cofetel. De fondo y de forma el fallo es inconstitucional, es ilegal e inmoral”, concluyó.
