El Grupo Parlamentario del PAN, rechazó la aprobación de la Cuenta Pública 2010 de enero a junio, hecha esta tarde por la mayoría priísta en el Congreso estatal dadas las inconsistencias de este documento y la nula revisión y análisis hechos por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Durante su intervención, la diputada Perla Woolrich Fernández, precisó que los resultados reportados en la Cuenta Pública del Estado de enero a junio de 2010, no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y estricta vigilancia de los recursos ejercidos.
“Es evidente la omisión en la revelación suficiente de las operaciones y su impacto en la información financiera y presupuestal, lo que conlleva a una nula toma de decisiones”, subrayó.
Puntualizó que la revisión y fiscalización de la gestión financiera es limitada y aún más lo es la del desempeño de sus programas y actividades institucionales, por lo que se atenta indiscutiblemente contra toda normativa aplicable al ejercicio, control y seguimiento de los recursos públicos y a las de revisión y fiscalización.
Explicó que en el rubro de Ingresos, de enero a junio de 2010, los ingresos propios recaudados durante dicho periodo disminuyeron 41.6 millones de pesos, es decir, de 884 millones que se recaudaron en el primer semestre de 2009, en el mismo periodo de este año se obtuvieron únicamente 842.4 millones.
Por esto mismo, dijo, las transferencias federales también disminuyeron 25.6 millones de pesos, ya que de 2 mil 569.4 millones recaudados en 2009 en el ejercicio de 2010 que se revisa, la recaudación bajó a 2 mil 543.8 millones.
Woolrich Fernández evidenció la ineficacia e ineficiencia de la política de ingresos, como del aparato recaudatorio del Ejecutivo Estatal para este ejercicio dado que el gobierno estatal en lugar de calcular como lo mínimo recaudado, lo obtenido en el ejercicio anterior, proyectó su recaudación por debajo de esta cifra, lo que fácilmente puede ayudar a rebasar lo presupuestado originalmente.
En el rubro de egresos, específicamente en materia de sobreejercicios presupuestales, la legisladora reprochó el pobre análisis hecho por la auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, quien se limitó a hacer un par de observaciones a la Cuenta Pública, sin presentar el análisis y la información que respalde su dicho.
“Es imposible que los ingresos recaudados o disponibles, mitiguen los altos compromisos generados por el actual Gobierno”, señaló.
Asimismo, dijo, “es inadmisible que la Auditoría Superior del Estado pase por alto este tipo de irregularidades, sin que se finquen los resarcimientos por daño a la finanzas públicas y consecuentemente las responsabilidades administrativas a que se hagan merecedores los servidores públicos responsables del hecho”.
Tal omisión, agregó “evidencia más la colusión que existe entre este órgano fiscalizador con el Gobierno estatal”.
Por lo que respecta a las transferencias de recursos efectuadas por la Secretaría de Finanzas a los entes ejecutores del gasto, relativas al Fondo Municipal de Participaciones, observó que no se integraron en las pólizas de egresos los recibos de pago de participaciones de diferentes quincenas, relativos a 41 municipios; “por lo que legalmente no puede comprobarse la efectividad de tales pagos ni su monto”.
“Al respecto, Caña Cadeza, se conformó con que el ente fiscalizado le remitiera copia de un oficio firmado por el Secretario de Finanzas informándole que los comprobantes de dichas pólizas ya fueron integrados a las mismas; dando con ello por solventada la observación”, reclamó.
Esta falta de verificación, advirtió, acredita el incumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental de la propia ASE.
“Es inadmisible que habiendo un posible daño al erario público y probable fincamiento de responsabilidades a servidores públicos por la irregularidad detectada, la licenciada Cadeza dictaminen que la Secretaría cumplió razonablemente con el manejo, aplicación y ejercicio de los recursos públicos”, inquirió.
Otro asunto similar, precisó, es el que involucra al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, donde, según se afirma en el Informe de la Revisión de l aCuenta Pública, se efectuaron transferencias a dicho Colegio por 9.4 millones de pesos el 28 de junio de 2010.
Sin embargo, se cancelaron parcialmente los registros de dos movimientos por 1.1 millones y 124 mil seiscientos pesos, respectivamente, que suman 1.3 millones, los cuales debían reintegrarse a la Secretaría de Finanzas de manera inmediata en cumplimiento de la Normatividad, pero que fueron reintegrados en el mes de junio, sin que se precise el día exacto.
Este hecho, denota que se encubre un probable daño al erario estatal por los intereses no generados a consecuencia de los días que estuvo ocioso el recurso en las arcas del Colegio de Bachilleres, aunado a las responsabilidades administrativas que ameritarían por el inocultable desvío –por no decir jineteo- de recursos públicos para beneficio de servidores públicos en funciones y por el encubrimiento de un asunto penado por la Ley.
Asimismo, cuestionó el gasto adicional de 10.8 millones de pesos hecha en horarios profesionales en un semestre, así como la falta de información en la cuenta “Otros servicios” en la cual se gastaron 139 mil 200 pesos en el mismo periodo.
La legisladora de Acción Nacional, destacó la “inocultable falta de experiencia de la auditora en la ejecución de auditorías de desempeño o su plena confabulación con el gobierno para cubrir el desvío de los recursos públicos en que incurrió”.
Por su parte, el diputado albiazul, Dagoberto Carreño Gopar, subrayó que la aprobación de la Cuenta Pública 2010, de este primer semestre, hecha por la mayoría priísta en el Congreso local, es burla más que el jefe del Ejecutivo estatal, comete en contra del pueblo de Oaxaca.
