Asesinatos de líderes sociales, secuestro de un diputado local, el caso Copala, el manejo de los recursos públicos, así como la falta de capacitación y los sueldos precarios de los elementos policiacos fueron los temas en los que versaron los cuestionamientos de los diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana de la LXI Legislatura, al secretario de Seguridad Pública (SSP), Javier Rueda Velásquez, quien compareció este martes ante dicha instancia legislativa.
En el marco del VI Informe de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, el encargado de la seguridad en el estado inició el segundo día de comparecencias acordado por los diputados locales y respondió a cada uno de los cuestionamientos de los legisladores, quienes coincidieron en señalar que la SSP ha sido rebasada por los actos violentos registrados en la entidad y que los oaxaqueños queremos paz y seguridad.
Luego del informe rendido por el funcionario, donde destacó los resultados obtenidos por el modelo policial implementado en la entidad desde el 2008, la ronda de preguntas la inició el diputado del PAN, Joel Isidro López, quien a nombre de su partido se pronunció por mejores condiciones laborales, salarios dignos y beneficios en las prestaciones de los elementos de la policía, pues los bajos sueldos les orillan a caer en actos de corrupción.
Indicó que el informe en materia de seguridad a la vista de los funcionarios es bueno, pero no para el Congreso, pues es lamentable y extremadamente triste para los oaxaqueños el asesinato de líderes sociales y sindicales, las ejecuciones, levantones, robos, asaltos a mano armada, violaciones y agresiones a periodistas. ¿Por qué nunca la policía ofreció auxilio inmediato y no actuó con prontitud, honestidad y efectividad a favor de los oaxaqueños?, preguntó el diputado al aseverar que los oaxaqueños queremos paz y seguridad. También cuestionó sobre el rumor que funcionarios de la SSP venden patrullas.
Durante su exposición, Rueda Velásquez indicó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde 2008 es un trabajo fundamental de especialistas, que ha dado resultados pero necesita fortalecerse. Resaltó que bajo el mando único la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) atendió 514 casos relevantes, desarticulado 215 bandas y logrado la detención de 944 personas.
Destacó que la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro permitió resolver 81 privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables y en materia de investigación la AEI llevó a cabo 70 operativos.
De igual manera informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas; se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión, se detuvieron en flagrancia a 2 mil 125 personas, se recuperaron mil 907 vehículos de motor robados y se detuvieron y presentaron a mil 327 adolescentes. Por otra parte, dijo que se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.
En tribuna, el diputado Alejandro Emmanuel López Jarquín, del PRD, señaló que es alarmante que la violencia delictiva se haya incrementado en Oaxaca, tanto que el Congreso se encuentra consternado por el secuestro del diputado Manuel Benítez Manzanares, del PAN. Mencionó además las agresiones a periodistas y cuestionó sobre las causas por las que existe un subejercicio en materia de seguridad pública.
En la segunda ronda de su participación cuestionó el caso de San Juan Copala, donde 300 habitantes viven en un estado de deserción, rodeados por grupos paramilitares, con violación permanente a sus derechos humanos y el asesinato de algunos de ellos. “Las cifras no nos convencen, señor secretario”, dijo al pedir que se “hablara con la verdad, con cifras reales para establecer políticas en materia de seguridad y dar respuesta a los ciudadanos”.
Por parte del PRI, el diputado Marco Antonio Hernández Cuevas manifestó que existe una falta de atención a los más de 200 conflictos agrarios en la entidad, principalmente por la indiferencia mostrada al respecto por el gobierno federal y que ha motivado un sinnúmero de agresiones. Destacó el caso de Chalcatongo e Ixcatlán donde la disputa de mil 353 hectáreas ha traído consigo muchas muertes y se ha recrudecido desde el 2008, por lo que preguntó, ¿cuál fue el armamento policial para mantener la seguridad en Ixcatlán y cuántos elementos resguardan hoy la seguridad en ese lugar?
El diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD, manifestó que para su partido la justicia en Oaxaca está en segundo lugar, pues la realidad es que vivimos en un caos en esta materia, ya que en los últimos meses Oaxaca se ve las páginas rojas constantemente. Señaló los casos de Catarino Torres, Heriberto Pazos y Beatriz López Leyva, así como del presidente electo de Mártires de Tacubaya y el diputado local Manzanares. Es lamentable que el titular de la SSP trate de convencer que Oaxaca vive en paz y que hay seguridad cuando la realidad que se vive en las diferentes regiones es de inseguridad total, aseveró.
También se refirió al subejercicio que persiste en esta dependencia al señalar un caso en la Costa en que no hay recursos para brindar seguridad; en reiteradas ocasiones la policía estatal carece de combustible para hacer su trabajo.
FALTA MUCHO POR HACER, RECONOCE
EVENCIO MARTINEZ ANTE DIPUTADOS
- En la medida de una mayor participación social con diálogo respetuoso, se logrará cristalizar la aspiración de un Oaxaca mejor, afirmó el secretario general de Gobierno
Con la comparecencia del secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ante el pleno de la LXI Legislatura local, concluyó ayer la primera parte de la glosa del VI Informe de Gobierno que este martes continuará con la presentación ante comisiones de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez; de Obras Públicas, Armando González Bernabé y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas.
El responsable de la dependencia encargada de preservar el orden y la tranquilidad social puntualizó que la política social del estado se conduce con pulcritud, transparencia, legalidad y honestidad, sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer y sólo en la medida de una mayor participación social con diálogo respetuoso, se logrará cristalizar la aspiración de un Oaxaca mejor.
Durante casi dos horas y media, el secretario general de Gobierno luego de una intervención de 15 minutos en la que expuso los resultados en la atención de organizaciones sociales, políticas, religiosas y productivas, los problemas político-sociales intermunicipales, agrarios, emergencias en materia de protección civil, migrantes y cajas de ahorro, entre otros, respondió a los planteamientos de los representantes populares.
Se pronunció por nuevas leyes que permitan y garanticen una mejor convivencia social y den respuesta a las necesidades de la sociedad. Mencionó que son necesarias tanto reformas a la Constitución local como un nuevo Código Civil, pues el que se encuentra vigente data de 1944, además de la implementación de figuras como el plebiscito y el referéndum.
El funcionario estatal rechazó que la toma de oficinas, carreteras y bloqueos sean sinónimo de ingobernabilidad, por el contrario, “son resultado de demandas justas de la sociedad, de las necesidades y carencias que tienen los habitantes y que deben ser atendidas. Cada gobierno hace lo que le corresponde y lo que puede en el desarrollo”, puntualizó.
Ante la presidenta de la mesa directiva, diputada Eufrosina Cruz Mendoza y en presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Martín Vásquez Villanueva, los representantes populares realizaron en las rondas de preguntas y respuestas planteamientos acerca de la zona Triqui, el deceso de dirigentes sociales, los conflictos en comunidades, atropellos a derechos humanos, el movimiento magisterial y el respeto a la libertad de expresión.
Por parte de la fracción parlamentaria del PRI hicieron uso de la tribuna los diputados Elías Cortés López y Daniel Cuevas Chávez. El primero mencionó que la vocación política del gobierno, según se ha expresado y demostrado, fue buscar la conciliación y el acuerdo, practicar la tolerancia y honrar la política como instrumento para la transformación de la sociedad y el bienestar de la gente, en tanto que el segundo consideró que se ha propiciado una política de acuerdos para garantizar el orden y la armonía de la vida institucional del estado.
Asimismo, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Mendoza Reyes, tras señalar el incremento de conflictos sociales con cobro de víctimas en los últimos meses, reconoció que si bien hay muestra de voluntad del titular de la Segego para atender la política interna del estado, en especial lo que implica a la zona Triqui, no se ha dado la importancia debida a esta dependencia. Del mismo partido político, la diputada Marlene Aldeco Reyes cuestionó la expedición de fiats notariales.
En su oportunidad, el legislador perredista Tomás Basaldú Gutiérrez consideró que hay incapacidad para construir el diálogo social, pasividad e indolencia en la solución de conflictos municipales. En igual sentido, su compañero de bancada, Everardo Hugo Hernández Guzmán, señaló que los problemas de Oaxaca siguen ahí y lamentó los altos grados de inseguridad y el deterioro en materia de salud y vivienda.
La diputada Margarita García García, coordinadora de la fracción parlamentaria del PC, cuestionó severamente los resultados en este tema mientras que el también legislador de ese mismo instituto político, Perfecto Mecinas Quero, se refirió al movimiento magisterial y el trato digno e igualitario que reclaman los pueblos de Oaxaca.
El diputado Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del PT, habló de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los hechos en que perdió la vida el dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz y las condiciones en la zona Triqui. “A unos días de que concluya la administración estatal les invito a que hagan un ejercicio de congruencia ética para esclarecer este crimen. No queremos venganza, queremos justicia”, dijo.
Sobre el mismo tema, el diputado Carlos Hampshire Santibáñez, del Partido Unidad Popular, sostuvo que la gobernabilidad representa una expresión de la democracia y en ejercicio del poder hay límites, por lo que la desaparición de políticos representa un factor vulnerable. A un mes del fallecimiento del líder del MULT, exigió el esclarecimiento de estos hechos y castigo a los responsables.
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