Hemos tenido conocimiento de que el gobierno del estado de Oaxaca y la Comisión Nacional del Agua celebraron en días pasados la firma de convenios para el Programa de Sustentabilidad Hídrica, que incluyen el proyecto llamado Paso Ancho, cuyo fin es abastecer de agua a los habitantes de la zona conurbada de Oaxaca.
El Foro Oaxaqueño del Agua ha mantenido de manera pública y reiterada, con respecto a éste y otros proyectos hídricos, su postura colectiva consistente en pedir el cumplimiento de tres condiciones elementales: a) una sólida justificación de carácter hidrológico, ecológico y social; b) el apego riguroso de la legislación vigente, especialmente en los aspectos hídricos, agrarios y de impacto ambiental, y c) la consulta informada de los involucrados, que en este caso son tanto los pobladores aledaños al embalse como los habitantes de los Valles Centrales. Consideramos sin embargo que en el proceso de esta magna obra ha habido omisiones y descuidos. A continuación citamos algunos ejemplos:
1. La atención de las autoridades federales y estatales a nuestras reiteradas solicitudes de información sobre el proyecto ha sido escasa o ausente. Nuestros escritos enviados desde 2008 al Ing. Luege y al entonces gobernador del estado fueron ignorados, la gerencia regional de la CNA nos ha respondido que la información del proyecto la maneja la Comisión Federal de Electricidad o bien la Comisión Estatal del Agua, y la delegación estatal de la Semarnat contestó apenas nuestra solicitud sobre procedimientos de impacto ambiental, requerida hace dos años y ocho meses.
2. Se han desestimado las opiniones de diversos especialistas y organizaciones que coinciden en que tanto las grandes presas como los megaproyectos de trasvase tienen altísimos costos económicos, sociales y ambientales. En el caso de la ciudad de Oaxaca se han soslayado además diagnósticos que concluyen que el problema de escasez de agua en los Valles Centrales no es de tanto de disponibilidad como de de distribución inequitativa, ineficacia del servicio de agua potable y enorme desperdicio.
3. Una revisión rápida de las autorizaciones de impacto ambiental y sus respectivas manifestaciones arroja limitaciones e inconsistencias que aquí señalamos:
a) En la manifestación de impacto de la presa se menciona a San Andrés Huayapam como uno de los municipios beneficiarios, a pesar de que se ubica a 100 m de altitud por encima de los Valles y es en realidad proveedor de agua potable para la ciudad. Por otra parte, no se hace consideración alguna de las opciones de abasto de agua para la ciudad. Se da igualmente por bueno, sin argumentación que los sustente, que el proyecto provocará indudables beneficios sociales y económicos.
b) La solicitud de autorización y la manifestación de impacto correspondiente se hicieron sólo por el desmonte de vegetación forestal, cuando debe incluirse también la de obras hidráulicas (artículo 5 inciso A del reglamento de impacto ambiental de la LGEEPA, y la de obras civiles en ríos y su zona federal (inciso R). Se subestiman así los cambios físicos, químicos y geomorfológicos del bloqueo del río.
c) La autorización y la manifestación se realizaron para una ubicación de la cortina –y por lo tanto de la zona de desmonte e inundación– que fue modificada posteriormente por razones de riesgo geológico. No sabemos de ajustes a la autorización como resultado de este cambio determinante.
d) En una manifestación regional de impacto debe hacerse especial énfasis en procesos dinámicos, justamente de carácter regional. No es suficiente que se señalen en un mapa la ubicación del área de desmonte, por un lado, y las áreas protegidas o prioritarias para la conservación (a 8 km) o las cuencas hidrológicas prioritarias (7 km.) por el otro. En este último caso es lógico que una obra hidráulica como esa afectará a la cuenca hidrológica, aunque esté a siete kilómetros de distancia, al modificar los regímenes de flujo río abajo y los ciclos bioquímicos, entre otros aspectos.
e) Preocupa especialmente la nula consideración de los efectos del cambio climático. No se prevén medidas de mitigación ni escenarios posibles para el futuro. Los cálculos de flujo de agua a partir de registros de estaciones en los últimos 50 años son menos confiables a causa de este fenómeno. En términos generales, hay consenso científico en que el calentamiento global se expresará en variaciones más bruscas e impredecibles de los regímenes de lluvias, y para la región donde se ubica la presa, algunos estudios estiman probable la disminución de caudales de ríos y arroyos hasta en 30%. Aunado a esto, se ha subestimado la pérdida que implicará el aumento de evaporación del agua en la represa. Con todos estos elementos, y ante la falta de un estudio así sea preliminar de caudales ecológicos, no se justifica adecuadamente la aseveración incluida en la manifestación de que el impacto hidrológico es muy bajo o inexistente, ni los términos del dictamen que afirma que la afectación aguas abajo no será significativa, y que el gasto ecológico propuesto es adecuado.
f) Se minimizan los cálculos de volúmenes de azolve de la presa al no considerar los que provocarán las propias obras, los escurrimientos adicionales al área del embalse, las predicciones regionales de cambio de uso del suelo y los que conlleva el calentamiento global señalado en el punto anterior. Con base en experiencias de presas en condiciones climáticas y ecológicas similares, la vida útil del embalse sería sólo de unas cuantas decenas de años. Se soslayan asimismo, con el argumento de que se trata de una atribución municipal, los impactos de la remoción y transporte de materiales pétreos.
A reserva de un análisis más detallado de la manifestación de impacto, y de incluir la correspondiente al acueducto y a la propia operación del sistema (bombeo y potabilización principalmente), hacemos un llamado:
1. A la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, para que suspenda la autorización de impacto ambiental del proyecto en tanto se realizan los estudios y los ajustes correspondientes, y a reserva de considerar foros públicos de discusión y análisis.
2. A la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Oaxaca, para que se sumen y apoyen la elaboración conjunta y participativa del Plan Común para un Bien Común, cuyo resumen estamos anexando (Anexo 1). La propuesta del plan ha sido ya recibida con interés por organizaciones sociales, comunidades y funcionarios del gobierno del estado. Varias fundaciones están dispuestas a contribuir a su financiamiento, como la Fundación Alfredo Harp Helú, La fundación Gonzalo Río Arronte y la Alianza WWF-Grupo Carso.
3. A las autoridades federales, el gobierno del estado de Oaxaca, municipios y comunidades, para que apoyen de manera decidida las obras indispensables que requiere un programa mínimo de sustentabilidad hídrica en la región, basado en los Diez Puntos para una Política del Agua definidos por los miembros del FOA (Anexo 2), que incluye proyectos para captar agua de lluvia, hacer más eficiente el riego agrícola, reparar y mejorar las redes de agua potable, conservar las esponjas de vegetación que nos quedan, reusar el agua e instaurar alternativas de saneamiento no perjudiciales para el ambiente.
4. Al gobierno del estado para que incluya en su programa emergente de abasto de agua para la ciudad de Oaxaca –del cual se reconocen acciones muy positivas– los siguientes elementos: mejoramiento de las redes de agua potable, regeneración de cañadas, captación urbana de agua de lluvia, drenaje pluvial y captación directa, programa domiciliario de ahorro y reuso, programa emergente de distribución.
ESTE DOCUMENTO ES EMANADO DE LA 30a ASAMBLEA GENERAL DEL FORO OAXAQUEÑO DEL AGUA, LLEVADA A CABO EN SAN LORENZO CACAOTEPEC,
