Integrantes del plantón de mujeres y niños desplazados de San Juan Copala dieron un plazo de diez días al Gobierno del Estado para que ejecute 10 órdenes de aprehensión contra integrantes del UBISORT, quienes supuestamente son responsables de la ejecución de 27 indígenas.
Por: Jesús OLMEDO
Reyna Martínez Flores, representante de los triquis, aseguró que el gobierno del cambio no les ha permitido instalar su campamento de denuncia y a través de ciertas comodidades, como hospedaje en un hotel y el pago de buenas comidas “pretenden que olvidemos a nuestros muertos, nuestros huérfanos y viudas”.
La activista desmintió que el movimiento de los desplazados de San Juan Copala este vendido y advirtió que pese a ser un movimiento pacífico ocuparan en breve el zócalo. “No queremos confrontarnos con los granaderos por eso nos sentamos a platicar, pero no por eso quiere decir que dejamos nuestra lucha”.
También solicitó a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que informen sobre los avances que hay respecto a las condiciones para que las 80 familias desplazadas de Copala regresen. “No podemos irnos así nada más porque no tenemos garantías ya que los asesinos hadan sueltos”
