Antes de entrar en materia, permítame decirle, señora secretaria, que cuenta usted con todos mis respetos como persona y como funcionaria. Reconozco su trayectoria como luchadora social, en la que le conocí frente al Palacio de Gobierno, protestando contra las injusticias de sexenios anteriores, y posteriormente la vi como diputada, enfrentando a las mayorías mecánicas de entonces.
El suyo fue uno de los pocos nombramientos en el gabinete estatal que personalmente celebré hace poco más de un año, al integrarse el equipo de trabajo encargado de la administración estatal, tras las elecciones de 2010, que considero históricas por romper con casi un siglo de dominación de quienes han manejado el poder público como propiedad caciquil.
Tenemos claro que la gente votó por un cambio; no por la continuación velada del antiguo y perverso sistema, disfrazado con nuevos discursos y, algunos pocos, nuevos rostros. “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, dice la frase acuñada por el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que describe a cabalidad lo que a partir de entonces se conoce como “gatopardismo”, y que refiere al sistema que permite ciertas transformaciones en alguna parte de la estructura, para conservar el todo sin que nada cambie realmente.
Usted, señora secretaria, tiene que ser una pieza clave para que la esperanza de la gente que votó por un cambio no sea traicionada por un sistema gatopardista.
En el Informe de Gobierno que nos fue entregado se dice que como resultado de 22 auditorías a la gestión de 2010, hubo 105 “observaciones” turnadas a la Dirección de Procedimientos Jurídicos para deslindar presuntas irregularidades en la aplicación de 2 mil 594 millones 535 mil pesos. En torno a esa información, señora secretaria, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo quisiera saber cuáles fueron las autoridades que cometieron qué presuntas irregularidades.
Queremos nombres y montos, secretaria. Queremos saber si entre esos nombres figuran los tristemente célebres Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y Bulmaro Rito Salinas, y ligados a qué observaciones, irregularidades o como corresponda llamarles. Queremos saber si se les investiga. En todo caso, queremos saber con base en qué pudo la administración estatal realizar declaraciones exculpando al anterior gobernador,
¿Comparte usted la declaración, señora contralora, del licenciado Gabino Cué Monteagudo de que no hay elementos en contra del señor Ulises Ruiz, cuando había, si es que ya no los hay, procesos en curso?
Hace no mucho tiempo usted declaró a la revista Proceso que el gobierno de Ulises Ruiz fue una administración “de corrupción perfectamente diseñada”. Coincido con usted. Y en este sentido, secretaria, quisiéramos que nos explique en qué consistió el diseño de la corrupción que ha permitido hasta ahora la impunidad, qué han hecho para desmantelarlo y qué considera usted que es necesario hacer para que nunca más seamos saqueados.
En la página 228 del Primer Informe de Gobierno que se nos entregó dice textualmente:
“Si queremos cambiar y trascender décadas de discrecionalidad y opacidad en el manejo del erario, si queremos acabar con décadas de abuso de autoridad y tráfico de influencias, no basta con la sola acción del gobierno, por muy firme y comprometida que ésta sea; se vuelve necesaria y resulta imprescindible la participación de una ciudadanía cada vez más actuante, informada y responsable, para vigilar el desempeño del gobierno y los servidores públicos”.
Hasta aquí la cita.
Estos propósitos, por supuesto, nos parecen encomiables en un gobierno democrático. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señora secretaria, quisiera saber si el diseño de la corrupción que usted mencionó sigue intacto en la nueva estructura gubernamental, porque en la práctica falta que ésta cumpla con la ley de transparencia aún vigente.
Queremos saber si ha existido resistencia a la transparencia por parte de las y los actuales funcionarios, y de quiénes, porque, ¿con qué instrumentos cuenta la ciudadanía para actuar, como dice el texto, de manera “informada y responsable”?
¿Con base en qué se supone que la ciudadanía puede estar informada de lo que gasta su gobierno cuando la administración incumple la ley de transparencia?
Nos queda claro también, secretaria, que la ley de transparencia que tenemos es una ley que debemos modificar y es tarea de nosotros, como diputados. La ley prevé que las dependencias publiquen, y cito textualmente, “la información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes sobre su ejecución”. Esto es imposible de conocer de cualquier dependencia de la actual administración estatal.
Esto no es un asunto menor. Cuando la ciudadanía no sabe cuánto, cómo y en qué gasta su gobierno; difícilmente puede pensarse que realmente busca, como dice el Informe, “cambiar y trascender décadas de discrecionalidad y opacidad en el manejo del erario”.
Quisiéramos, secretaria, que nos explique si tienen alguna propuesta para que en la propuesta de Presupuesto de Egresos que analizaremos en los próximos días, se garantice que, a diferencia con el críptico, opaco que recibimos hace un año, sea este una muestra de transparencia.
Insisto, secretaria, en que usted tiene que ser una pieza clave para evitar que nada cambie.
Muchas gracias.
FRAGMENTOS DE LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, PERLA WOOLRICHO, AL DIPUTADO FLAVIO SOSA
A veces es difícil proporcionar nombres exactos hasta los cargos que desempeñaron y situaciones en que se encuentran los procedimientos, porque cuando lo hice, cuando realicé las 16 primeras auditorías, aquí, sobre todo del PRI, me criticaban porque decían que no tenía yo derecho para dar nombres ni mucho menos, aun cuando la ciudadanía exigía conocer esos nombres y conocer las situaciones, y también si la propia ley de información pública me facultaba.
Sin embargo, debo decirle, señor diputado Flavio, que en términos del artículo 60 de la Ley de Responsabilidades, no puedo en este momento darle todos los nombres que usted me está pidiendo, pero baste saber que sigo cuatro querellas, se han presentado cuatro querellas, e infinidad de procedimientos de responsabilidad, en donde puedo, desde ahora, asegurar, que se encuentran implicados muchos de los que usted mencionó.
Por lo demás, tenemos una plataforma que ha significado un esfuerzo para la transparencia presupuestaria, y gracias a este esfuerzo…
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Por cuanto hace a lo que hace a las declaraciones que dio el señor gobernador refiriéndose a la responsabilidad o no de connotados personajes como Ulises Ruiz y demás, debo decirle que estos pillos connotadísimos a los que me referí en Proceso, van a ser seguramente materia de alguna de las acciones de las que se vayan a ejercitar porque no hemos culminado las auditorías, y usted sabe muy bien que quien da las concesiones para los vehículos, pues no son los directores, como tampoco los que regalaron los fiat a los señores notarios. Ahí tienen que aparecer titulares de muy alta envergadura.
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