Nuevamente tenemos en este país un ejemplo de cómo este alto tribunal se queda en las formas y no va al fondo de un asunto. Es nuevamente un caso en donde una pretendida solución legal deja de lado la legitimidad, que en el caso de Santa Lucía no es asunto menor, ya que quienes se han arrogado atribuciones que no les corresponden en el Ayuntamiento y municipio, justamente de lo que carecen es de legitimidad.
Con lo anterior, el problema regresa al ámbito estatal donde durante todo el tiempo que lleva, lamentablemente no hemos encontrado una real voluntad, ni en el ejecutivo ni en el legislativo, para emplearse a fondo en la atención y solución del mismo.
En estas condiciones la situación de nuestro municipio se torna más preocupante ya que al no resolverse y existir el riesgo de que se postergue indefinidamente su solución, la población seguirá pagando las consecuencias y continuará siendo una amenaza a la concordia y estabilidad política y social del municipio.
Es por ello que venimos a hacer del conocimiento de los medios y de la opinión pública esta preocupación y para solicitar desde aquí y ahora que el señor Gobernador, su Secretaría General de Gobierno, el Congreso Local y los partidos políticos no se sigan haciendo de la vista gorda y asuman su responsabilidad política, que va más allá de las formalidades legales, frente a este conflicto, antes de que sus consecuencias se agudicen y sean más lamentables:
El gobierno del estado debe reconocer que su intervención hasta este momento sólo ha servido para alentar y crear en los hechos un ayuntamiento paralelo, el autodenominado “los ocho concejales”, que para nosotros es la banda de los ocho espurios, arribistas y advenedizos.
En efecto, a reserva de conocer la resolución completa, el estudio y los considerandos que hayan formulado los señores ministros para sustentar los puntos resolutivos emitidos el pasado 18 de enero , respecto de la controversia constitucional, los términos en que éstos se dan desgraciadamente no resuelven el conflicto existente en el Cabildo de Santa Lucía; en la práctica, más bien vienen a representar una carta de impunidad para el grupo de ocho regidores espurios, como lo festinan ya a los cuatro vientos y que desde el mes de abril tienen secuestrado el poder municipal.
Para este Consejo quedó claro desde un principio que el conflicto es esencialmente político, razón por la cual durante todos estos meses hemos demandado infructuosamente la intermediación eficaz del gobierno del estado. Hoy, ante los términos en que se dieron estos resolutivos, nuevamente apelamos a su sensibilidad y decidida voluntad política para que cuanto antes y con toda la seriedad del caso se atienda y se resuelva.
Por lo pronto y de manera concreta demandamos la inmediata solución a lo siguiente:
1.- Entrega de las participaciones del Ramo 28 que se adeudan a las Agencias Municipales y de Policía: San Francisco Tutla, Santa María Ixcotel y Rancho Nuevo respectivamente, por un monto de $ 17 918 359.00 correspondientes al periodo de marzo de 2011 a enero de este año y que se encuentran retenidas de manera totalmente ilegal y de manera inconcebible por el ayuntamiento espurio.
2.- Entrega al Consejo de Desarrollo Social Municipal, para su ejercicio y aplicación, de los recursos por un monto de $ 16 497 037.00, provenientes del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo III, para la infraestructura social municipal y que han sido entregados mes con mes a los ocho concejales, quienes los están utilizando a discreción, de manera totalmente ilegal y con la intención grotesca de labrarse la base social de la que carecen en el municipio.
El Consejo de Desarrollo Social Municipal se constituyó legalmente con la participación del 95% de las representaciones sociales del municipio en un proceso atestiguado y avalado por el Módulo de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y que el 4 de junio de 2011 culminó un histórico proceso participativo y democrático de priorización de obras, las cuales no se realizaron o no se han realizado por esta razón que se expone.
3.- Pago del salario que se les adeuda a los trabajadores del Ayuntamiento desde el mes de abril por un monto de más de $ 9 000 000.00, de los cuales, ante las acciones drásticas de presión realizadas por los mismos trabajadores en el mes de diciembre ante el gobierno del estado, solo se les ha cubierto aproximadamente el 30 %.
4.- Desmantelamiento del cuerpo policiaco porril constituido por el capo de los ocho regidores, Omar Blas Pacheco y que es el instrumento represivo y delincuencial con el que pretenden gobernar los ocho vivales. Dicho grupo tiene en su haber atropellos cometidos en contra de la población, como el robo cometido en una casa particular el 3 de septiembre de 2011 y que derivó en el enfrentamiento que tuvo lugar en la explanada municipal en la noche de ese día con saldo de dos heridos de gravedad. Como es del conocimiento público, este grupo y quienes los auspician han sido responsables de diferentes momentos de tensión, provocación y violencia en distintos puntos del municipio. De ninguna manera son un garante para la seguridad de la población.
La Secretaría General de Gobierno se comprometió en esas fechas a intervenir para desmantelar este peligroso grupo. A la fecha no ha cumplido.
5.- Revocación del mandato de los concejales que reiteradamente y palpablemente han generado y mantenido el conflicto.
Los anteriores sólo son un botón de muestra de las consecuencias y manifestaciones de la existencia del conflicto. Ante esta inaceptable y grave situación demandamos:
Que se abra el diálogo que hemos solicitado permanentemente. Somos ciudadanos pacíficos que vemos conculcados nuestras garantías individuales y nuestros derechos colectivos por verdaderos bribones amparados en formalidades legaloides y en la complacencia gubernamental. No somos un grupo de presión ni buscamos prebendas o canonjías. Si la miopía y la sordera políticas continúan, seguramente volveremos a salir a la calle, pero ese no es nuestro propósito, solo la falta de atención nos obligaría dolorosamente hacer lo que no deseamos.
Hace unas semanas el Secretario General de Gobierno declaró que la vía que se privilegia en el gobierno para la solución de los conflictos es el diálogo y agregó que quienes actúen al margen de este y de la ley deberán atenerse a las consecuencias. Entendemos perfectamente el mensaje; pero lamentablemente, en nuestro caso, solo hemos encontrado remedos de diálogo, prácticamente nada, en ese caso el mensaje y la lógica del funcionario no resultan congruentes.
Por último, pedimos la comprensión y el apoyo de toda la ciudadanía digna y libre de nuestro municipio; la comprensión y la solidaridad de los sectores democráticos de la sociedad civil para que se derribe lo más pronto posible el atropello y la infamia que pesa sobre el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Tenemos derecho a un gobierno digno y legítimo.
