Política

Funcionarios estatales reciben capacitación de la FEPADE sobre delitos electorales

Con el objetivo de informar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo sobre el proceso federal electoral de este año que ya inició, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), llevaron a cabo un curso de capacitación denominado Blindaje Electoral, donde se abordaron temas para no incurrir en actos irregulares que afecten el desarrollo de los comicios.
Durante el acto celebrado este jueves en el teatro Juárez, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría, José Ángel Díaz Hernández, dijo que la capacitación contribuye al sano desarrollo del proceso electoral y previene que incurran en actos u omisiones que puedan construir un delito.
En este sentido, el capacitador de la FEPADE, Enrique San Román de la Torre, habló sobre las conductas en las que no deben incurrir y que están prohibidas por el Código Federal Penal, así como las sanciones correspondientes a que pueden estar sujetos.
“Este es un esfuerzo que está realizando por las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República para blindar el proceso electoral y evitar que los servidores públicos incurran en algún delito electoral”, expresó.
Detalló que las conductas que no pueden asumir, entre otras cosas son: obligar a los subordinados a votar por un partido político o candidato; condicionar la prestación de servicios, programas o la realización de obras para que los ciudadanos voten por un partido político o candidato.
También destinar fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición para apoyar a un partido político o candidato, así como apoyar a un partido político a través de los subordinados, utilizando su tiempo laboral.
Señaló que los servidores públicos violan la imparcialidad cuando asisten dentro de sus jornadas laborales a eventos políticos, así como utilizar vehículos propiedad del estado para asistir a actos políticos y permitir que candidatos o precandidatos asistan a actos oficiales de gobierno.
Enrique San Román de la Torre dijo que se puede también puede imponer responsabilidad administrativa a los servidores públicos por infringir los principios de objetividad, lealtad, imparcialidad y honradez, que va de una amonestación hasta la inhabilitación.
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