Notas del día

Delegados sindicales del DIF-estatal pide investigación imparcial y cese al estigmatismo

Los delegados sindicales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) salieron a la defensa de los trabajadores Asunción Gutiérrez Lucas y Juan Mejía Jardinero, quienes son acusados de la supuesta violación a un menor de edad.
Por: Jesús Isaac OLMEDO
Hilda Graciela Pérez Luis, Antonio Santiago Velasco, Marco Antonio García Mendoza y Ángeles López Velasco, en rueda de prensa solicitaron a las autoridades de la PGJE que se investigue el caso y no permita una injusticia contra los trabajadores ya mencionados.
Los representantes de los empleados aseguran que este caso es está politizando para afectar la imagen del DIF-Estatal, ya que es un tema aislado que no se había presentado en los 20 años que comenzaron a funcionar los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI).
“Nos sumamos a la exigencia de la madre de familia del menor y exigimos que se investigue y en caso de haber delitos estos se castiguen. Nosotros no estamos protegiendo a nadie, solamente como damos la cara por la institución”, precisaron.
Los líderes sindicales mencionaron que el amarillismo de algunos medios de comunicación ha provocado el estigmatismo para los 600 trabajadores de base y 700 de confianza de los 10 CADI´s. “Es una situación que está en manos  de las autoridades y pedimos respeto a la institución y compañeros que prestan sus servicios”.
Cabe mencionar que hace aproximadamente dos meses,  la señora Sandra Santiago Ramírez denunció ante la subprocuraduría de Delitos Contra La Mujer por Razón de Género un ataque sexual a su hijo de escasos 3 años de edad.
Este hecho, según la versión de Santiago Ramírez se registró en el CADI 10, ubicado en la calle de Mártires de Cananea, número 100, de la Colonia Volcanes. En este lugar el menor de edad fue maltratado y abusado sexualmente por dos trabajadores.
La denuncia pública, manifestó en una conferencia de prensa la mujer del menor afectado, se debió a la falta de acción penal por parte de la Procuraduría de Justica del Estado (PGJE) y la protección a los responsables por parte del DIF-Estatal.

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