El movimiento social generado en el año 2006, pareciera estar condenado al olvido y la traición. Lo más común es la satanización de dicho movimiento, incluidos los beneficiarios del mismo, quienes en la mayoría de los casos lo han traicionado y aprovechado para alcanzar posiciones económicas y políticas.
Nuestra participación en dicho movimiento fue originada por la trayectoria en la integración en el FSODO (Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca) en donde nos aglutinamos para exigir justicia y libertad para Loxicha.
Muy lejos quedaron los compromisos de los líderes de la APPO para liberar a los presos Loxicha.
Hay que recordar que el priista Diódoro Carrasco Altamirano, desato en la Región Loxicha en el verano de 1996 una terrible represión con el pretexto de combatir al Ejército Popular Revolucionario.
16 años después, el Estado Mexicano no ha podido demostrar la existencia de dicho grupo armado en aquella Región, sin embargo, la guerra de baja intensidad sigue dejando un devastador panorama.
Lo más visible es la existencia de los presos del fuero federal y los nuevos presos del fuero común.
Por diversas vías se ha minimizado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado de la población, las secuelas de la desaparición forzada de personas, la fabricación de expedientes para seguir satanizando y persiguiendo a los indígenas Loxicha, la existencia de ordenes de aprehensión pendientes de ejecutar en el fuero común y federal, en general un panorama de tierra arrasada.
Los gobiernos estatal y federal, encargados de implementar el paramilitarismo cierran el círculo con el gobierno municipal para no dar cuentas de los recursos destinados al desarrollo de las comunidades, resultado: miseria, marginación, abandono.
El tema de justicia no ha sido abordado por el nuevo gobierno que se dijo de la paz y el progreso, violando así los más elementales derechos humanos de los indígenas loxicha, a pesar de su discurso pro juarista y seudo progresista.
Quienes sobrevivimos a la desaparición forzada, la cárcel, la persecución y ejecuciones extrajudiciales nos encontramos en total indefensión; de nada sirve recurrir a las instancias de procuración y administración de justicia o los organismos oficiales “defensores” de derechos humanos, lo de menos es que digan que estamos paranoicos y si nos asesinan, somos víctimas de la delincuencia común. Delincuencia común que en las comunidades usa rifles de asalto AK-47 y pistolas 9 milímetros y que en la ciudad asesina para limpiar de dirigentes a los movimientos sociales.
El Caso Loxicha sigue vigente, de igual modo como siguen vigentes las viejas demandas que dieron origen a la APPO.
En nuestro caso, a los daños físicos y psicológicos que se habían generado desde 1996 se sumaron las agresiones generadas por nuestra decidida participación en el movimiento social de 2006.
El reto es lograr que la vieja satanización de los Loxicha y ahora de la APPO no nos condene al olvido y encontrar mecanismo para la liberación de nuestros compañeros y el apoyo para viudas y huérfanos.
¡Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, libertad!
¡Presentación con vida de los desaparecidos!
¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país!
Juan Sosa Maldonado.
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia; 05 de agosto de 2008
