*Exige una investigación seria y profunda sobre causas y culpables. *Expresa su solidaridad con familiares y amigos del dirigente social. *Cuestiona al gobierno por impunidad sobre agresiones anteriores.-La organización social Comuna Oaxaca condenó este jueves el asesinato del dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Arturo Pimentel Salas, y demandó a las autoridades estatales investigar a fondo el crimen para evitar que la impunidad permita que en el estado continúe la violencia contra líderes de izquierda.
Tras expresar su solidaridad con familiares y amigos de Arturo Pimentel, Comuna Oaxaca recuerda que el domicilio del dirigente fue atacado a balazos a inicios de febrero de 2009, lo que es considerado por la organización como “una muestra del grave desinterés oficial” hacia las denuncias de la izquierda.
“Nos preguntamos si de haberse tomado en serio esa denuncia, de haberse investigado a fondo y hallado a los responsables, nuestro compañero seguiría vivo en estos momentos”, expresa mediante un comunicado. “Demandamos el total esclarecimiento de esta agresión, así como juicio justo y castigo a quien resulte responsable”.
Consideró que la inacción del gobierno sobre los sucesivos ataques contra dirigentes sociales en el estado equivale a una condena de muerte para quienes trabajan a favor de mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen.
Como en otras ocasiones, Comuna Oaxaca insistió en que la impunidad sobre los atentados, “mientras no sepamos de cada caso quién jaló el gatillo, quién dio la orden y por qué motivo”, la pregunta “¿quién sigue?” continuará como amenaza de muerte permanente contra quienes han aportado desde la izquierda al movimiento social.
“La vida no debe ser el precio demandado por participar en la transición a la democracia”, expuso.
En ese sentido, cuestionó a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los jueces penales de Oaxaca los motivos por los cuales no han sido sentenciados los responsables materiales e intelectuales de una serie de agresiones contra dirigentes sociales, de 2009 a la fecha.
Entre ellos mencionan a Beatriz López Leyva, lideresa de Comuna Oaxaca, asesinada en abril de 2009; Catarino Torres Pereda, secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), el 22 de octubre de 2010; Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el 23 de octubre de 2010.
Igualmente a Rafael Rodríguez, del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el 24 de diciembre de 2011; Bernardo Vásquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el 15 de marzo de 2012, y Nicolás Estrada Merino, presidente del Consejo Estatal del PRD, hallado asesinado en junio pasado.
La organización cuestiona también a las autoridades sobre cuántas personas purgan condena por el atentado que sufrió Enrique Quiroz, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, el 30 de septiembre de 2011.
“¿Ya saben quiénes fueron responsables del intento de secuestro contra César Mateos Benítez, integrante de la dirigencia colectiva de esta organización, en mayo de 2012? ¿Y a nombre de quién están registrados los números de teléfono desde los cuales en distintas ocasiones fue amenazado de muerte el diputado Flavio Sosa Villavicencio, también compañero de Comuna Oaxaca?”, interroga.
También pregunta sobre las inexistentes condenas por los asesinatos cometidos durante la represión al movimiento social de 2006 y 2007; por los atentados, la tortura, las amenazas, las golpizas y las violaciones, así como por “la desaparición de compañeras y compañeros del movimiento”, y por los desaparecidos del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
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