La dictadura del general Porfirio Díaz en un país no independiente, fue sustituida por una dictadura de partido único después de una revolución no ganada. Desde antes, en este país de esclavos, a los pobres, a los indígenas, a los opositores políticos se les mata en caliente.
De tal modo que, las últimas manifestaciones de la barbarie institucional manifestada principalmente en el estado de Guerrero, obedecen a la profundización de los operativos orquestados desde las más altas esferas del poder con el objetivo de generar terror en la población con la utilización de “Caravanas de la muerte”; grupos para policiacos o paramilitares que a lo largo de la historia mexicana y latinoamericana han operado con diversos nombres en labores de contrainsurgencia social en acciones de carácter internacional como la tristemente célebre “Operación Cóndor” que arrasó movimientos sociales desde Washington hasta Tierra del Fuego en la negra historia de las dictaduras latinoamericanas y mexicana de los años setentas y ochentas.
Quienes somos conscientes de esta triste realidad sabemos que los responsables están en Guerrero, en el Centro del país y más allá en el Norte; también sabemos que las complicidades y por tanto también responsabilidades están en las filas de quienes hacen la revolución hablada o se dicen de izquierda para cobrar y/o negociar con la derecha, o son los que tienen escaños en los congresos, puestos en el Poder Ejecutivo y/o colaboran o trabajan para un también corrupto Poder Judicial, poderes que como se sabe no son ni han sido independientes; que son responsables quienes cómodamente guardan silencio y se abstienen de participar, con desinterés por el beneficio personal, en acciones por defender los derechos humanos más elementales de los mexicanos: la vida, la libertad.
Conocemos el espectro político local y nacional y hemos participado en varios esfuerzos locales y nacionales buscando construir espacios de unidad para enfrentar el terrorismo de estado y por el objetivo común de mejores condiciones de vida para la sociedad pero las últimas acciones rebasan lo soportable y pareciera que pretenden que olvidemos las viejas afrentas como la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero en el año de 1995; la represión contra los indígenas Loxicha desde 1996 en Oaxaca, la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas en 1997; la masacre del Charco en Guerrero el 07 de junio de 1998; la masacre de 26 campesinos ocurrida en Agua Fría, el 31 de mayo del año 2002 en la Sierra Sur de Oaxaca; en este sexenio podemos señalar la masacre de Santiago Choapam el 14 de mayo de 2011, masacre en la Región Mixteca el 14 de diciembre de 2013.
En el marco de las ejecuciones de defensoras, defensores de derechos humanos y líderes sociales no podemos olvidar a Norma Corona Sapién que fue ejecutada el 21 de mayo de 1990; a Digna Ochoa y Plácido ejecutada el 19 de octubre de 2001; a Miguel Ángel Mesino ejecutado el 18 de septiembre del 2005 en Guerrero; a Heriberto Pazos Ortiz, ejecutado el 23 de octubre de 2010 en Oaxaca; a Rafael Vicente Rodríguez Enríquez ejecutado el 24 de diciembre de 2011 en Oaxaca; el 19 de octubre de 2013, solamente tres días después que intentaron ejecutarme con mi familia, fue ejecutada Rocío Mesino Mesino en Guerrero y así una larga lista de ejecutados y masacrados en Oaxaca como en otras partes del País.
Desde luego que no hay que olvidar la necesidad de atender la exigencia de presentación con vida en el ámbito de las desapariciones forzadas en casos emblemáticos como el de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y en este sexenio de Gabino Cué Monteagudo los profesores Carlos René Román Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez; es importante no desatender aquellos casos que por diversas circunstancias no se han podido dar a conocer ampliamente.
En cuanto a la persecución y encarcelamiento de las trece personas en Oaxaca y el Distrito Federal los días 17 y 18 de mayo de 2013, es necesario destacar que hay hombres y mujeres de origen humilde e indígenas entre los que ha destacado el indígena mixe Damián Gallardo Martínez por la implementación de acertadas acciones políticas y legales en el contexto local, nacional e internacional por su familia, los y las defensoras y por el Comité Damián Gallardo Martínez; lo cual presenta la necesidad de las familias de los otros presos, las organizaciones y la sociedad de visibilizar todos los casos.
Como puede observarse la lista de necesidad de justicia se hace interminable hacia donde dirijamos la mirada y las cárceles del país se encuentran llenas de los chivos expiatorios del sistema, desde los viejos Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, hasta las detenciones arbitrarias e ilegales perpetrada por las policías a las órdenes de Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca el pasado 02 de octubre.
La actuación impune de la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se extiende desde Atenco, Estado de México en el 2006; Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio de este 2014; las ejecuciones extrajudiciales, masacre y desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero del 12 de diciembre de 2011 y del 26 de septiembre de 2014.
Entonces ante todas estas necesidades se hace necesario profundizar en la búsqueda de mecanismos de unidad popular; de comunicación para la denuncia de estos delitos de lesa humanidad; profundizar la educación en derechos humanos para recurrir a las instancias legales correspondientes, pero sobre todo no dejar de gritar y gritar muy fuerte:
¡¡ALTO A LA REPRESIÓN EN MÉXICO!!
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos humanos
