La Escuela Normal Rural Isidro Burgos que hoy se le identifica como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una institución educativa de nivel superior que se ubica en la población de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero.
Por: Roberto López Rosado*
Esta escuela tienen una característica, forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el Estado mexicano a partir de la década de 1920, cuando Moisés Sáenz era Secretario de Educación Pública. El proyecto que le dio vida tuvo un fuerte componente de transformación social en las zonas rurales más pobres del país de donde egresaron personajes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, guerrilleros del México del siglo XX.
La muerte de cinco estudiantes y la desaparición de 43 alumnos de la normal rural deben hacernos reflexionar como nación, como país, como mexicanos, pero particularmente a quienes de una u otra forma somos parte del Estado mexicano. Los hechos de Ayotzinapa deben hacernos a todos cavilar, no sólo por lo ocurrido, sino hacer conciencia de que estamos viviendo en México.
Ayotzinapa, muestra al desnudo la crisis profunda de nuestra vida institucional, de una nación que hoy se mira al espejo y ve en su desnudes, sus pobrezas, sus miserias, sus vergüenzas, porque lo sucedido en Iguala no es un hecho aislado, está concatenado con el caso de Tlatlaya, donde fueron ejecutados civiles por parte de elementos del Ejército mexicano y por las miles y miles de personas desaparecidas, ejecutadas por el crimen organizado en colusión con policías y funcionarios gubernamentales.
Pareciera como si hubiéramos regresado en las épocas de la llamada “guerra sucia”, en los tiempos en que los disidentes políticos eran perseguidos, desaparecidos y masacrados; donde desde el gobierno se reprimía y se mataba para generar miedo, para que nadie osara reclamar, poner en tela de juicio y menos acusar al gobierno, ni tampoco salir a la calle a protestar.
Las instituciones del país están viviendo una crisis de credibilidad. Han sido penetradas por el crimen organizado. La desaparición de los normalistas en Guerrero, se ha dicho, “obedece a un acto perpetrado en contubernio con el narco” que no sólo ha tocado a las más altas esferas de este país, sino que se ha metido de cuerpo entero en las policías municipales y en las instancias gubernamentales.
El pasado miércoles 23, en todo el país, particularmente un número mayoritario de escuelas y universidades de nivel medio y superior salieron a las calles para exigir el regreso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y ofrecer su solidaridad a las familias de cada joven, pero no sólo salieron para apoyar a esos padres sino para reclamar, para decir un “ya basta” a las autoridades. La ciudad de México volvió a ser un escenario de protesta que hace mucho tiempo no se veía, exigiendo el respeto por la vida de estudiantes. Las consignas de los 60, 70 y 80 se volvieron a escuchar pero ahora en voz de jóvenes, que muchos pensábamos, estaban “dormidos”. La mayoría de estos estudiantes, acompañados varios por sus padres y maestros, hicieron retumbar su reclamo, pero también su advertencia al gobierno. En el Zócalo de la ciudad de México y en cientos de plazas del país el reclamo de justicia fue único. “Ayotzi, ¡vive!, ¡vive!, ¡vive!”, se repitió una y otra vez.
Efectivamente, Ayotzinapa está vivo, y no sólo está vivo el reclamo de justicia y que regresen los estudiantes con sus familias y a su escuela normal. El clamor tiene que ver también con el proyecto económico que ha prevalecido en este país en los últimos 30 años: el “neoliberalismo salvaje”. Este sistema que deja todo en manos del mercado, de los grandes capitales, de las grandes empresas. Los pobres han de ser sus empleados y para ello, no los necesitan pensantes.
En fin, la irritación social se ha vuelto a expresar –por ahora- en las calles y va crecer, y se podría volver incontenible. Los padres de los jóvenes normalistas ya lo advirtieron: “si quieren guerra, guerra tendrán” y otros han dejado claro, “si no hay resultados pronto, la sociedad civil va a explotar”. Está sembrada pues, la semilla de la rebeldía. Bien ha recordado el escritor y periodista Juan Villoro que debido a la intolerancia del Estado, éste enfrentó a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, profesores normalistas de Ayotzinapa. El gobierno de Enrique Peña Nieto no debe olvidar que a consecuencia de las masacres en Iguala en 1962; Atoyac en 1967; Aguas Blancas en el 1995, el país entró en una guerra no declarada que lo bañó de sangre.
Por ello como preguntó Villoro, “¿qué puede hacer un país en donde los futuros maestros, es decir los forjadores de esperanza, son aniquilados?” ¿Qué puede decir el Presidente Peña Nieto cuando esconde que en los sucesos de Ayotzinapa, su gobierno tiene también responsabilidad? ¿Por qué no quiere responsabilizar de manera directa y contundente al Ejército y no solamente a un grupo de soldados como responsables de las ejecuciones de Tlatlaya?
El Estado mexicano, entre otras instituciones como los partidos políticos, tienen la última palabra. El país camina en el filo de la navaja. Los hechos de Ayotzinapa, junto muchos otros acontecimientos que han ocurrido cuando menos en los dos sexenios anteriores y en los dos años que van del actual, han llenado el país de fosas de la muerte.
Los hechos de Ayotzinapa duelen, generan rabia, pero al mismo tiempo, por fortuna, están provocando un sacudimiento, una conmoción que como sociedad nos está haciendo reflexionar, preocuparnos, deliberar sobre el país que vivimos, sobre el país que queremos.
*Diputado federal del PRD por Oaxaca
