El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre el intento de asesinato contra la Sra. Rocío María Olivera Toro Maya, Secretaria Técnica del Foro Oaxaqueño del Agua e integrante del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO). La Sra. Rocío Olivera ha jugado asimismo un papel fundamental en la coordinación del Frente en Defensa del Cerro del Fortín[1].
Según la información recibida, el día 30 de junio, la Sra. Rocío Olivera fue agredida y resultó herida en la pierna al ser alcanzada por un petardo mientras se encontraba en una protesta pacífica por la defensa del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca. El ataque buscaba provocar graves daños puesto que el petardo que la alcanzó tenía en su extremidad un objeto cortopunzante que causó una herida profunda de 10 centímetros.
El ataque con varios petardos se produjo mientras la defensora y el resto de participantes en la protesta pacífica se preparaban a dejar el lugar. Varias personas participantes han reportado graves daños auditivos como consecuencia del ataque.
El Observatorio lamenta esta situación, ya que este no es el primer incidente en contra de integrantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín. La Sra. Rocío Olivera había sufrido varios actos de vigilancia y seguimiento en las semanas previas y el 9 de junio, el Sr. Francisco Toledo, junto con un grupo de vecinos quienes manifestaban pacíficamente contra el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), fueron agredidos físicamente.
Frente a los hechos ocurridos el día 9 de junio, así como para garantizar la integridad y seguridad de las personas participantes en la manifestación pacífica del 30 de junio, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas cautelares de protección, primero a la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente a las autoridades municipales, siendo ambas solicitudes aceptadas sin que esto tuviera ningún efecto real de protección para los beneficiarios. El Observatorio muestra su preocupación por la falta de diligencia de las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca en la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la DDHPO y por no haber garantizado la protección del libre derecho a la manifestación de los integrantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín. Además, según las informaciones recibidas las autoridades policiales no ejercieron la debida diligencia para arrestar a los agresores en flagrancia.
Según las mismas informaciones, la respuesta de las autoridades frente a este nuevo ataque ha sido muy preocupante. Por una parte, el Gobernador de Oaxaca ha respondido argumentando que el conflicto y la agresión tienen que ver con un problema entre particulares en lugar de reconocer públicamente el derecho a defender los derechos humanos, lo cual podría generar más conflictividad social. En segundo lugar, el Ministerio Público en la toma de testimonios dirigió sus preguntas a investigar la labor de la Sra. Rocío Olivera y del Frente, en vez de centrarse en el fondo de la agresión cometida contra ella.
El Observatorio condena enérgicamente el intento de asesinato contra la Sra. Rocío María Olivera Toro Maya y la agresión al resto de integrantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín y exhorta a las autoridades de Oaxaca a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, incluyendo la gestión del arresto de los agresores y la falta de diligencia para garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente. Además, el Observatorio insta a las autoridades de Oaxaca a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la Sra. Rocío Olivera, en cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la DDHPO y aceptadas por el gobierno de Oaxaca el 15 de julio, así como del resto de miembros del Frente en Defensa del Cerro del Fortín.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de México instándolas a:
i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Rocío Olivera, así como del resto de miembros del Frente en Defensa del Cerro del Fortín, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en México;
ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que se esclarezcan responsabilidades por las actuaciones de las autoridades policiales y de gobierno, y que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Reconocer públicamente la legitimidad del trabajo en defensa de los derechos humanos llevado a cabo por la Sra. Rocío Olivera, así como por el resto de miembros del Frente en Defensa del Cerro del Fortín, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en México;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”
– Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,
en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”
– Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona,
individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de
hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante
del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
