Opinión

Política en 90: Participación ciudadana, libertad de expresión y consultas públicas.

La participación ciudadana no sólo es un eje fundamental para la democracia, sino también para el combate a la corrupción. Que todas y todos opinemos sobre asuntos públicos, sobretodo en esquemas claros y concretos, representa una herramienta legítima de libertad de expresión útil para la toma de decisiones de poder. Además, lo anterior genera una dinámica de observación social permanente que pone candados y reduce las posibilidades de que lo público sea secuestrado por intereses privados.

 

Por: Jorge Oropeza*

 

Más allá del gran pendiente legislativo que representa la actualización de su marco jurídico, las consultas públicas son ejercicios apegados a la libertad de expresión, un derecho humano y universal que ha sido reconocido con tal amplitud que protege este tipo de ejercicios sobre todas las circunstancias. Así queda claro en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Por lo anterior, uno de los más ambiciosos retos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las y los académicos, las universidades, los mismos partidos políticos y los grupos empresariales está en fomentar e incentivar la organización, la defensa, la promoción y la realización de consultas públicas permanentes en donde – con o sin efectos vinculatorios – sectores poblacionales concretos o genéricos manifiesten opiniones contundentes. Como ciudadanía debemos aspirar a que esto influya en el debate de los más altos temas públicos y, por consecuencia, en las decisiones sobre éstos.

 

Una colecta de firmas, encuestas, preguntas desarrolladas en plataformas digitales, procesos más trabajados metodológicamente y cualquier forma de manifestación de ideas colectivas y organizadas – todas ellas consagradas en el principio constitucional y universal de la libertad de expresión – representan mecanismos de consulta pública y es momento naturalizarlos en el sistema político mexicano. Es decir, tenemos que forzar, con el ejercicio de nuestros derechos, la costumbre de someter a estos procesos de vigilancia ciudadana a nuestras autoridades y gobiernos. Y esto únicamente se consigue con el uso y reiteración de la herramienta.

 

*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.

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