*Organizaciones sociales condenan la política de garrote de Alejandro Murat y exigen justicia.
Por: Jesús Isaac OLMEDO
Esta tarde fue ejecutado el dirigente regional del FPR Tomás Martínez Pinacho cuando se encontraba en la taquería Los Primos, ubicada sobre la carretera federal 175, en el Municipio de Ánimas Trujano.
Tomás Martínez se encontraba acompañado de otro líder de esa organización, que también fue herido de gravedad y tras recibir los primeros auxilios fue traslado a un hospital para su atención médica.
El dirigente regional del FPR había participado por la mañana en una marcha en la capital oaxaqueña y en el bloqueo al aeropuerto internacional Benito Juárez, por lo que integrantes del Frente Popular Revolucionario responsabilizaron al gobernador Alejandro Murat de ordenar la ejecución de su compañero.
Luego del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, quien en vida había fundado la Unión de Campesinos Pobres, también era dirigente en la Sierra Sur del FPR y militante distinguido del Partido Morena; un grupo de simpatizantes del FPR lanzaron piedras y quebraron algunas ventanas del Palacio de Gobierno.
Más tarde, dirigentes de la organización convocaron a una rueda de prensa en Casa Oficial de Gobierno, donde condenaron los hechos, exigieron justicia y todo el peso de la ley para los autores materiales del homicidio.
Aunque el FPR había anunciado una jornada indefinida de movilizaciones por justicia, salud y seguridad social, durante la madrugada los contingentes de esa organización levantaron su plantón que mantenían en Casa Oficial de Gobierno y al parecer retornaron a sus comunidades de origen.
Se rumoraba que la mañana de este martes, los activistas realizaran bloqueos en los principales cruceros de la capital oaxaqueña, pero hasta el cierre de esta edición no había protestas ni cierre de calles.
Se sabe que en su pliego de demandas, el Frente Popular Revolucionario exige la renuncia inmediata del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, el priísta Genaro Hernández y del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Vicente Mendoza.
Además señalan al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa de tener un grupo delincuencial encargado de la ejecución de activistas, dirigentes sociales y todo aquel que sea crítico y opositor.
Cabe mencionar que varias organizaciones sociales condenaron el homicidio de Tomás Martínez y demandaron el cese a la persecución y represión. Además exigieron justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales.
